La Plataforma Más Plurales ha presentado hoy, miércoles 28 de octubre, en rueda de prensa su campaña contra la Ley Celaá. Según su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, “la LOMLOE vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa”. Además, y entre otros aspectos, la Ley Celaá pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y relega la Religión a asignatura de segunda, condenando al paro a su profesorado. Claramente, esta Ley, tramitada sin consenso, rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.
Para la Plataforma Más Plurales, como ha afirmado Muñoz de Priego, “la LOMLOE es una ley que acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas”. El objetivo fundamental de la Ley Celaá consiste en ensanchar el espacio de la escuela pública todo lo que permitan los presupuestos y la aguda crisis de natalidad que padecemos en detrimento de la libertad de las familias, que queda en un segundo plano. Con esta ley, la enseñanza concertada se convierte de hecho en subsidiaria de la enseñanza pública.
Durante la rueda de prensa, se ha informado del inicio de una campaña de recogida de firmas contra la Ley y a favor de la convivencia de los diferentes modelos educativos y de los derechos reconocidos en nuestra Constitución en la página web www.masplurales.es.
También se informó de la puesta en marcha de una serie de acciones encaminadas a informar a la comunidad educativa del contenido de la Ley y promover movilizaciones sociales cumpliendo con todas las recomendaciones de seguridad e higiene frente a la COVID-19.
- Algunos datos:
- Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo.
- Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijas e hijos.
- Los más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de religión relegada a un segundo plano en la nueva ley.
- Más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.
